Fernando Laborda / Hacia un poder hegemónico

(Publicado en La Nación, 23.12.2011)

La inusitada celeridad con que el kirchnerismo liquidó en el Congreso el debate sobre una decena de leyes de enorme gravitación en la ciudadanía pavimentó el camino hacia la consolidación de un poder hegemónico. Tan veloz fue el trámite legislativo y tantas las iniciativas legales aprobadas en tiempo récord que ni siquiera hubo espacio para que muchos de esos temas se instalaran en la opinión pública. Entre ellos, una cuestión que entraña un enorme peligro para la libertad de expresión, como el control del Gobierno sobre el papel para diarios y la empresa Papel Prensa .

El huracán Cristina arrastra incluso a algunos legisladores que no muestran mucha convicción a la hora de justificar la apresurada sanción de ciertas leyes, pero que no dudan en anteponer la lealtad a la verdad.

La verdadera finalidad del Gobierno con el control sobre Papel Prensa se evidenció en las últimas 48 horas, cuando se sucedieron junto al avance de la ley el insólito allanamiento de las oficinas de Cablevisión con medio centenar de efectivos de la Gendarmería armados; la inhibición de bienes dispuesta a LA NACION por un juez que actuó a instancias de la AFIP con desconocimiento de una resolución de la Corte Suprema que no avalaba semejante acción, y las declaraciones del titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella, advirtiendo que la nueva ley antiterrorista podría alcanzar a los medios de comunicación.

Las precisiones de Sbatella, vinculadas con la teoría de un “golpe de mercado” fogoneado desde la prensa, desnudaron, según el presidente del bloque de diputados de la UCR, Ricardo Gil Lavedra, “la intención del oficialismo de tener un marco legal para condicionar a todos en la difusión de noticias económicas que no se adecuen al relato oficial”.

A partir de su vaguedad, la ley antiterrorista haría posible que cualquier noticia que, a juicio de las autoridades, alarme a la sociedad sea calificada como terrorista.

El antecedente de este peligroso criterio reside en las multas confiscatorias que el Gobierno les impuso a consultoras privadas que midieron una inflación mucho más alta que la dibujada por el Indec.

Ahora, con la hipótesis de Sbatella, tal vez también podría ser demandado un periodista que considere que el dólar ha ido perdiendo terreno en los últimos años ante la inflación local o que juzgue natural que el público busque un refugio para sus ahorros en la moneda extranjera.

Puede parecer descabellado. Pero no lo es tanto si se advierte que el régimen de Hugo Chávez les prohibió a los medios y a los periodistas difundir la cotización del dólar paralelo en Venezuela, que virtualmente duplica la cotización oficial, bajo amenaza de severas sanciones.

Los llamados a la unidad nacional y a la concordia que caracterizaron los mensajes de Cristina Fernández de Kirchner durante la campaña proselitista quedaron en el olvido. Desde que asumió su segundo mandato ante la Asamblea Legislativa, quedó claro que esos discursos están bien guardados. La Presidenta ha vuelto a la estrategia de acumular poder mediante la construcción permanente de enemigos y la concepción de que el 54 por ciento de apoyo en las urnas puede legitimar cualquier cosa y le da derecho a ir por todo.

Los ataques a Clarín y LA NACION dan cuenta de que el gobierno kirchnerista trata de imponer en el orden nacional el modelo de Santa Cruz, donde durante la gobernación de Néstor Kirchner, y con el peso de la publicidad oficial, se asfixió a la prensa independiente y hoy la única concentración mediática es la de su ex chofer Rudy Ulloa.

Si la inquietud oficial era abastecer de papel a todos -Papel Prensa cubre las necesidades del 75% del mercado nacional y el resto se importa sin aranceles-, el Gobierno podría haber fomentado la instalación de nuevas fábricas de papel o ampliar las facilidades para importar ese insumo. Pero no lo hizo. Su intención es castigar a dos medios que no se someten a los designios gubernamentales y, en el futuro, distribuir el papel para diarios con la misma discrecionalidad con que asigna la publicidad oficial, beneficiando a los amigos y penalizando a los independientes.

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