Diana Cohen Agrest / El escudo protector de la minoría de edad

(Publicado en La Nación, 2.10.2012)

En respuesta a una denuncia formulada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un tribunal de casación penal reconoció que, en el marco de la ley argentina vigente, el Estado habría violado un artículo de la Convención de los Derechos del Niño cuando impuso penas de prisión perpetua a quienes eran menores cuando cometieron los delitos por los que fueron juzgados: uno de ellos había sido condenado por dos homicidios; otro, por cinco, y el tercero, por dos.

Ese controvertido reconocimiento erosiona todavía más la armonía normativa, pues la inconstitucionalidad de la pena perpetua para los menores debería tener como contrapartida su cumplimiento efectivo por los adultos: en lugar de legislarse la reducción de la pena que habilita la salida anticipada a su cumplimiento total y que hace de la prisión un costo mínimo por pagar para continuar delinquiendo, la pena debería ser como en otros países donde no es un eufemismo y la perpetua es “perpetua”.

La denuncia ante la Corte revela entonces una incongruencia más de nuestro sistema jurídico. Pues se reclama la inconstitucionalidad de la sanción cuando, en la Argentina, la prisión perpetua no implica reclusión a perpetuidad. Se comete la falacia de invalidar una sentencia por la presunta existencia de la pena perpetua, que no es sino una ficción jurídica.

Se cedió a esa resolución desfavorable que impuso al Estado argentino rever la sentencia, con el fin de no exponerlo a la acusación de “irresponsabilidad institucional ante la comunidad mundial”. ¿Cuál fue su costo jurídico? Pese a que el fallo que penó con perpetua a los en ese entonces menores era cosa juzgada, se arguyó que el código procesal penal por el que se los había juzgado incumplía las normas internacionales. Se alegó que el tiempo transcurrido en prisión excedió largamente el tiempo máximo disponible a aplicar según las convenciones, se calificaron en grado de tentativa los delitos por los que fueron acusados y se disminuyó consecuentemente la pena.

Lo cierto es que, valiéndose de un beneficio optativo para rever un caso que era cosa juzgada, una vez más el Estado y la ley argentinos fueron fagocitados por los tratados internacionales hoy perversamente invocados. No sólo ellos. Porque ¿quién defiende los derechos lesionados de aquellos que hoy ni siquiera tienen voz para reclamar, porque fueron salvajemente asesinados por quienes son amparados por tratados internacionales con cuya firma la Argentina cedió sus derechos soberanos?

¿Acaso la Corte Interamericana de Derechos Humanos contempla las consecuencias irreversibles de los gravísimos delitos cometidos por los menores condenados? ¿Qué queda de la ley 26.061, de protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes cuando las estadísticas prueban que la franja etaria más castigada por el delito son los adolescentes varones de entre 15 y 24 años? De los involucrados en homicidios (entre agresores y damnificados), sólo en la provincia de Buenos Aires se registraron en el primer semestre de 2012 ciento veintiséis jóvenes, y en 2011, otros trescientos veintinueve. ¿Acaso no son tan vulnerables, tan jóvenes y tan pobres las víctimas como los victimarios, en el mejor de los casos, instruidos y usados por adultos instigadores que se escudan en los beneficios legales de la minoría de edad y, en el peor, cuando la droga y las condiciones socioambientales son promovidas por un Estado ausente? De contarse con una voluntad política atenta a los derechos de las víctimas, ¿no debería implementarse una política penitenciaria juvenil compatible con el marco constitucional que ofrezca una respuesta a la situación de los menores de edad que cometen delitos, respetuosa de sus derechos y eficiente en términos de necesidades sociales?

Si la reducción de la edad penal se encuentra obturada por los compromisos internacionales, si la Convención sobre los Derechos del Niño debe ser interpretada de acuerdo con el principio de no regresividad que determina que, una vez que se fijan estándares de reconocimiento de derechos, no se puede retroceder, entonces la ciudadanía debe exigir una interpretación de los tratados internacionales que no lesione los mismos bienes que debería proteger, ni más ni menos que la vida de las víctimas inocentes.

El 8 de julio un joven estudiante secundario, Nicolás Castillo, se encaminaba hacia la estación ferroviaria de Moreno tras compartir la tarde con su papá en una casa del barrio. Pero en el camino sobrevino la tragedia: fue interceptado por un grupo de jóvenes que lo amenazaron con un arma blanca y, por hacerse de un teléfono y un par de zapatillas, lo tiraron al piso y lo apuñalaron dos veces en el pecho. Nicolás intentó reincorporarse y caminó unos metros, pero se desplomó. La Justicia dictó la prisión preventiva de un ex convicto de 28 años, acusado del crimen del joven. También tres adolescentes fueron detenidos, uno de 17 años alojado en un instituto de menores y otros dos, de 16 y 15, que permanecen a disposición del fuero penal de menores. En concordancia con un ideario falaz, lo más probable es que la impunidad institucionalizada los libere en poco tiempo.

En un programa radial, una de las juezas del tribunal de casación sostuvo que “se necesitan dos generaciones. políticas de Estado que nos van a dar una sociedad distinta”. Aun cuando compartiéramos románticamente ese ideal utópico, ¿acaso no se advierte que partiendo de una hipótesis sociológica se está sometiendo, como conejillos de Indias, a dos generaciones de argentinos sacrificados en aras de un ideal no verificado e inverificable, por lo demás difícilmente compartido por una sociedad donde todavía rige el principio de realidad?

En pos de una presunta rehabilitación -estadísticamente insignificante-, se ignora que con cada fallo que otorga la libertad a un reincidente, se firma en el mismo gesto la sentencia de muerte de un sinnúmero de inocentes. Y arrasando con los datos de la realidad, se toma por verdadera la presunción de la rehabilitación del delincuente que termina siendo una ficción jurídica. Pues al negarse a reconocer que un altísimo porcentaje vuelve a delinquir, se le confiere a la rehabilitación una realidad jurídica que, aunque violenta los hechos, es la base sobre la que se asienta la liberación anticipada de los homicidas, amparados en sus derechos y garantías. Los mismos derechos y garantías que los victimarios negaron a sus víctimas.

Porque lo que no es ficción, y no hay Convención de los Derechos del Niño ni Corte Interamericana de Derechos Humanos que los proteja, es la ausencia de Nicolás y de tantos otros muertos ignorados por la ley. Ni tampoco es una ficción el dolor de quienes, día a día, conviven con esa ausencia legislada e ignorada por la justicia impunitiva.

“Nos preguntamos qué hace nuestro hijo en un cementerio, un chico sano, con tantos sueños”, reflexiona el papá de Nicolás. “Yo ya tengo una parte de mi ser que no está”, murmura, sin consuelo, la mamá. ¿Cómo explicarles que los magistrados sentados detrás de un estrado, preocupados “por la irresponsabilidad institucional ante la comunidad mundial”, sólo saben del dolor de los victimarios, pero desconocen a quienes fueron silenciados por quienes ellos defienden? La máxima de que no se puede legislar desde el dolor, en la Argentina que nos duele, debería ser reescrita: no se puede legislar desde el dolor de las víctimas. Sólo desde el dolor de los victimarios.

* * *

Diana Cohen Agrest nació en Buenos Aires, Argentina y es filósofa. Es Doctora en Filosofía con una tesis sobre el tema “Las paradojas planteadas por el suicidio en la filosofía de Baruch Spinoza: ¿Imposibilidad lógica o realidad fáctica?” y obtuvo un Postdoctorado en la Monash University de Australia. Es docente de la Universidad de Buenos Aires y ha publicado numerosos artículos, en particular sobre cuestiones relacionadas con la Ética y la Bioética.

Es autora de los ensayos El suicidio: deseo imposible (O la paradoja de la muerte voluntaria en Baruj Spinoza) (2003), Temas de Bioética para inquietos morales (2004), Inteligencia ética para la vida cotidiana (2006), Por mano propia (Estudio sobre las prácticas suicidas) (2007), ¿Qué piensan los que no piensan como yo? (2008) y Ni bestias ni dioses (Trece ensayos sobre la fragilidad humana) (2010).

En 2000 realizó la primera traducción del francés al castellano de Introducción a “El origen de la geometría” de Husserl, de Jacques Derrida.

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